El agua tiene ley pero no dinero: 95 mil mdp sin fondear en el Plan Hídrico 2024-2030

México cerró 2025 con el mayor cambio regulatorio del sector agua en más de tres décadas: la expedición de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, publicadas en el Diario Oficial el 11 de diciembre. Ocho meses después, el diagnóstico que empieza a dominar la conversación técnica es que el marco legal avanzó más rápido que el dinero para aplicarlo.

El análisis de Ethos sobre el presupuesto de Conagua para 2026 estima 36.7 mil millones de pesos —alrededor de 0.1% del PIB—, con una caída real de 4.5% frente a 2025 y de 46% respecto a 2024. Del total, 31% es gasto operativo y 69% inversión, de la cual 21.2 mil millones se destinan a infraestructura física. La brecha se vuelve más visible al contrastarla con el propio Plan Nacional Hídrico 2024-2030: sus 17 proyectos estratégicos suman un costo estimado de 122.6 mil millones de pesos, pero lo invertido en 2025 y 2026 cubre apenas 22.5%, lo que deja alrededor de 95 mil millones sin fondear para los cuatro años restantes de la administración. El IMCO documenta una tensión paralela: el Plan México supone una inversión hídrica promedio anual de 31.1 mil mdp frente a los 20.8 mil mdp que el PPEF 2026 asigna a proyectos prioritarios de Conagua, una diferencia de 10.3 mil mdp.

El contraste con lo que recomiendan los especialistas es todavía más amplio. La Red del Agua de la UNAM plantea destinar entre 1.5% y 2% del PIB al sector, y el Consejo Consultivo del Agua sugiere un presupuesto anual de al menos 150 mil millones de pesos; el gasto federal actual equivale a una cuarta parte de esa última referencia. En esa línea, Eduardo Vázquez Herrera, de Agua Capital, señaló el 14 de agosto que la nueva legislación atiende un rezago pendiente desde 2012, pero advirtió que su sola existencia no resolverá la crisis hídrica y que será indispensable cerrar la brecha financiera del sector.

Puntos clave

• El presupuesto 2026 de Conagua se estima en 36.7 mil mdp: -4.5% real contra 2025 y -46% contra 2024.
• El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 requiere 122.6 mil mdp para 17 proyectos estratégicos; 2025-2026 cubren solo 22.5%, dejando ~95 mil mdp sin fondear.
• El IMCO identifica una brecha anual de 10.3 mil mdp entre lo que supone el Plan México y lo asignado en el PPEF 2026.
• Referencias del sector: 1.5%-2% del PIB (Red del Agua UNAM) y 150 mil mdp anuales (Consejo Consultivo del Agua), frente a ~0.1% del PIB actual.
• Rezagos operativos vigentes: 35.5% de la población sin acceso diario al agua y 1,881 plantas de tratamiento y potabilización inoperantes por falta de mantenimiento.

Implicaciones

La combinación de un marco legal nuevo y un presupuesto a la baja traslada el problema de la norma a la ejecución, y con ello reordena quién carga el costo. Si el gasto federal no crece, la implementación de la Ley General de Aguas —Registro Nacional del Agua, nuevas reglas de concesiones, planeación por cuencas— recaerá en organismos operadores municipales que ya operan con tarifas por debajo de costo y con una cuarta parte de su infraestructura de tratamiento fuera de servicio. Eso abre espacio real para esquemas de participación privada, asociaciones público-privadas y bonos temáticos, pero también sube la exigencia regulatoria: sin capacidad institucional para estructurar y supervisar esos contratos, la brecha financiera se convierte en brecha de calidad de servicio. Para empresas y startups del sector, la señal de mediano plazo es que la demanda existe y está documentada en el propio Plan Hídrico; el cuello de botella es el vehículo financiero, no el diagnóstico técnico.